El acuerdo con el FMI en El Salvador prohíbe acumular BTC en el sector público
Hechos clave:
- La ayuda para el gobierno salvadoreño será de 1.400 millones.
- El uso del Bitcoin en el sector privado será voluntario y no se podrá comprar con dinero público.
El gobierno de El Salvador tendrá que adaptarse a las condiciones del FMI, y no comprar más Bitcoin usando fondos públicos.
Esa es la principal conclusión al conocer los detalles del acuerdo que el Fondo Monetario Internacional firmó con el presidente Nayib Bukele, uno de los políticos del lado occidental del mundo que más ha elogiado los atributos del BTC.
Entre otras cosas, el pacto parece que cortará la estrategia de utilizar el dinero del Tesoro Nacional salvadoreño para acumular Bitcoins. El último anuncio en ese sentido fue esta semana, cuando la Oficina Nacional de Bitcoin del pequeño país anunció una nueva compra y llevando la reserva total a 6.100 BTC.
El financiamiento le dará a El Salvador, 1.400 millones de dólares y tendrá vigencia de 3 años y 4 meses. El dinero llegará bajo la figura técnica de Facilidad de Fondo Extendido, y la primera transferencia será de 113 millones de dólares.
Confinamiento del Bitcoin
Un extracto del memorando de entendimiento técnico que hizo público el FMI revela la condición con respecto al Bitcoin. El título del apartado es “no acumulación voluntaria de BTC por parte del sector público de El Salvador”, y queda claro que se prohíbe el uso del dinero público para comprar o intercambiar el token.
En adición, el acuerdo también pide que se elimine la emisión “de cualquier tipo de deuda pública o instrumento tokenizado que esté indexado o denominado en Bitcoin e implique un pasivo para el sector público”. En otras palabras, el uso de la criptomoneda en operaciones financieras por parte del gobierno de El Salvador no está permitido.
Bukele, quien ha construido una narrativa de apoyo irrestricto al Bitcoin durante sus años en el poder, ha evitado referirse públicamente a las limitaciones que ahora tendrá su país con respecto a los criptoactivos. Esto no ha pasado inadvertido para algunas voces respetadas dentro de la industria, y no han tardado mucho en expresar su desazón.
Es así que Samson Mow, un bitcoiner que se ha destacado por ser de los colaboradores más activos de la estrategia pro Bitcoin de El Salvador, escribió en su cuenta de X una crítica directa contra Bukele: “Ahora sabemos lo que significa ‘confinados’. No más compras Bitcoin para El Salvador. Habría preferido escucharlo de la administración Bukele y no del FMI”.
Sin consolidación del BTC
Durante el rally alcista del Bitcoin a finales de 2024, que llevó el precio de la primera criptomoneda por algunas jornadas a más de 105.000 dólares, uno de los que más lo celebró fue Nayib Bukele. El presidente de El Salvador usó la recuperación del precio del BTC como un argumento que le daba la razón en su estrategia de acumulación del token.
Sin embargo, y aunque es obvio que el país ha sacado provecho de la rentabilidad de la inversión en los productos criptográficos, no hay un respaldo abrumador de los salvadoreños al plan de adopción del BTC.
En El Salvador existe la Universidad Centroamericana y dentro de sus espacios funciona el Instituto Universitario de Opinión Pública. Este centro de investigación realizó un estudio de implementación del Bitcoin y los resultados fueron desalentadores: el 80% declaró que no elegía la criptomoneda para hacer sus transacciones financieras.
El estudio arrojó otro dato que iba en contra del plan de Bukele, quien prometió que la adopción general del Bitcoin traería prosperidad a su nación, y este fue que más de la mitad de los encuestados no estaban de acuerdo con usar el dinero público para comprar la criptomoneda.
Lo que mejorará el acuerdo
La conclusión obvia con la firma del acuerdo FMI-El Salvador, además de que ya no debería comprar Bitcoin, es que Nayib Bukele ha optado por la vía del ajuste tradicional para mejorar la economía. Se pretende reducir el déficit fiscal de forma programada, mejorar el nivel de las reservas internacionales y disminuir la corrupción en la administración pública.
El primer paso será obvio, y a la medida de los financiamientos que otorga el Fondo. Esto comprende la reducción de la nómina de trabajadores en las instituciones públicas para hacer más eficiente el gasto, aunque se mantendrán los subsidios sociales para los sectores más desfavorecidos.
Aunque las condiciones económicas salvadoreñas han mejorado mucho desde la pandemia, se espera que al cumplir con los requerimientos del FMI sean determinantes para mejorar el rumbo en el corto y mediano plazo.
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