Bitcoin: la Reserva Estratégica de EE. UU. sigue sin avances
Más de 16 meses después de que el presidente Trump firmara la orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin, el gobierno de los Estados Unidos aún no ha designado formalmente una agencia administradora, no ha revelado públicamente la totalidad de sus tenencias y no ha adquirido ni un solo satoshi de nuevo Bitcoin. Este parálisis es el resultado de una disputa interna no resuelta entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio sobre qué agencia debería controlar aproximadamente 328,372 BTC, valorados en unos 25,000 millones de dólares.
La Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia (DOJ) está mediando actualmente entre ambos departamentos, un desarrollo que indica que la disputa ha trascendido la fricción burocrática para entrar en un territorio legal genuinamente disputado.
La orden ejecutiva del 6 de marzo de 2025 creó dos estructuras diferenciadas: la Reserva Estratégica de Bitcoin, integrada por Bitcoin confiscado que el gobierno adquirió mediante incautaciones, y una Reserva de Activos Digitales de EE. UU. más amplia para otras criptomonedas decomisadas.
Dicha orden también instruyó al Tesoro y al Comercio a desarrollar métodos presupuestariamente neutros para expandir las tenencias de Bitcoin. Esta restricción, sumada a la falta de resolución sobre la supervisión, ha congelado efectivamente cualquier nueva acumulación de activos.
Por qué ninguna agencia quiere asumir la propiedad
El problema legal de fondo radica en que los estatutos actuales de gestión de activos gubernamentales fueron diseñados para el oro, las reservas de divisas extranjeras y los bonos del Tesoro, no para un activo digital al portador tan volátil.
La autoridad tradicional del Tesoro se centra en instrumentos fiscales; por ello, mantener Bitcoin como un activo estratégico a largo plazo, en lugar de liquidarlo como una propiedad incautada típica, choca con su mandato actual. Comercio ha sido propuesto como una alternativa bajo la teoría de que el Bitcoin representa una tecnología estratégica y un activo de competitividad económica, pero este enfoque requiere su propio andamiaje legal.
El resultado, según informan Bloomberg y KuCoin, es un vacío burocrático donde ninguna de las partes está dispuesta a aceptar formalmente una responsabilidad que podría no pertenecerles legalmente.
La Ley BITCOIN, que codificaría la Reserva Estratégica de Bitcoin bajo el control del Tesoro con autorización explícita del Congreso, ha sido propuesta, pero no promulgada. Sin esta ley, las agencias se muestran reacias a actuar.
Esa brecha legislativa podría resultar un obstáculo más difícil de superar que la propia disputa interagencial. A principios de julio se planteó que la durabilidad legal de la reserva probablemente requiera una acción del Congreso, independientemente de cómo resuelva la OLC el estancamiento actual. Mientras tanto, las dudas sobre la autoridad legislativa en política cripto se están debatiendo simultáneamente en múltiples frentes en Washington.
La orden ejecutiva original establecía un plazo de 30 días para que las agencias informaran sobre sus tenencias y 60 días para que el Tesoro entregara una evaluación legal, de custodia y legislativa completa. Ambos plazos vencieron sin divulgación pública; el de 60 días expiró el 5 de mayo de 2025. Hasta principios de julio de 2026, no se ha entregado ningún informe ni se ha designado formalmente a ninguna agencia.
Las señales contradictorias de Scott Bessent
Scott Bessent, Secretario del Tesoro, generó confusión adicional al declarar públicamente que EE. UU. «no comprará» Bitcoin adicional a corto plazo, para luego retractarse parcialmente en redes sociales afirmando que el Tesoro explora «vías presupuestariamente neutras» para ampliar las reservas.
Esta contradicción es relevante porque refleja la tensión intrínseca de la propia orden ejecutiva: el apetito político por la acumulación está limitado por una regla fiscal que hace casi imposible comprar sin un mecanismo neutral para el mercado o una asignación explícita del Congreso.
Patrick Witt, asesor de activos digitales de la Casa Blanca, afirmó que un anuncio sobre la estructura de la reserva llegará «pronto», lo que sugiere que la administración aún considera el proyecto activo y no archivado.
Este planteamiento coincide con la mediación de la OLC, que se percibe como un proceso de resolución y no como un abandono. Sin embargo, la frase «pronto» ha sido la respuesta operativa durante meses, y la frustración de la comunidad cripto ante la falta de un marco concreto es evidente. CoinTribune destacó las crecientes críticas centradas en la falta de estructura y en el hecho de que no se ha adquirido nuevo Bitcoin bajo lo que se anunció como una iniciativa histórica de Trump.
A pesar de todo, la orden de marzo de 2025 incluyó una directriz inequívoca: el Bitcoin controlado por el Tesoro «no se venderá y se mantendrá como activo de reserva». Esta cláusula de no venta es la declaración pública más clara sobre la postura a largo plazo del gobierno respecto a sus tenencias de Bitcoin, y permanece vigente a pesar de la disputa por la supervisión.
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