La aplicación de Bitcoin de El Salvador debería haber sido auditada hace tiempo
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Un exgobernador del banco central de El Salvador ha afirmado que la aplicación estatal Chivo bitcoin (BTC) ya habría sido cerrada por los reguladores si fuera una empresa privada.
Según El Diario de Hoy, el exdirector del Banco Central de Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo, atacó a la empresa estatal que opera la billetera. Chivo, según afirman los periódicos y las redes sociales, ha estado plagado de errores que han afectado la funcionalidad. Los comerciantes se han quejado de que los pagos mediante la aplicación han fallado, mientras que las denuncias de robo de identidad generalizado se han convertido en algo común.
Muchas figuras públicas que dicen que nunca han usado o descargado la aplicación dicen que sus datos personales han sido utilizados por delincuentes en línea con la intención de reclamar los US$30 en BTC al que tienen derecho todos los nuevos usuarios salvadoreños cuando usan Chivo por primera vez.
Acevedo reprendió el hecho de que “ninguna institución pública ha investigado” los supuestos “problemas” con la billetera Chivo, insinuando que el operador de la aplicación disfruta de un estatus de protección debido a que es una empresa estatal.
Él afirmó:
“Si esa empresa fuera una firma [privada], al menos la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor [el principal organismo de control del consumidor en El Salvador] habrían comenzado a investigarla hace mucho tiempo”.
Acusó al gobierno ya los reguladores de “pasividad” ante los crecientes problemas relacionados con las aplicaciones.
El gobierno y el operador de Chivo han sido objeto de un mayor escrutinio este mes. A mediados de diciembre, la organización de derechos humanos Cristosal afirmó que la aplicación podría terminar siendo golpeada con sanciones lideradas por Estados Unidos que casi paralizarían su capacidad para funcionar como una plataforma internacional de remesas criptográficas.
La organización señaló que había presentado quejas de unas 131 personas que se habían visto afectadas negativamente por la aplicación de alguna manera.
El mismo medio de comunicación también se hizo eco de los sentimientos expresados por Acevedo, y cuestionó el “desinterés” por la situación mostrada por la Fiscalía General de la Nación. La jefa legal y de seguridad de Cristosal, Zaira Navas, fue citada diciendo:
“Consideramos que es una situación de extrema gravedad. Presentamos las primeras quejas [sobre la aplicación] hace casi dos meses y, hasta la fecha, los problemas de la mayoría de las personas por quienes presentamos quejas originalmente aún no se han resuelto ”.
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