Ley CLARITY: el bloqueo ético amenaza su aprobación
Esta semana se espera la presentación de un borrador revisado de la Ley CLARITY, que fusiona los proyectos de los comités de Banca y Agricultura del Senado. Aunque el texto suma unas 70 páginas adicionales, no incluye la disposición ética que los demócratas del Senado han establecido como condición indispensable para su apoyo.
Sin ese lenguaje específico, resulta estructuralmente complicado alcanzar los siete o más votos demócratas necesarios para superar el umbral de 60 votos requerido para el cierre del debate (cloture) antes del receso de agosto. La aritmética es clara: los republicanos cuentan con 53 escaños, por lo que el proyecto depende de la oposición para avanzar.
El estancamiento por la cláusula ética ha sido el obstáculo central desde que los demócratas plantearon sus exigencias el año pasado, y esta dinámica no ha variado con el nuevo borrador. Una fuente cercana a las negociaciones afirmó directamente que, sin el lenguaje de ética, será difícil asegurar el respaldo demócrata suficiente.
Ante este escenario, Galaxy Research ha ajustado sus probabilidades de aprobación para 2026 a la baja, pasando de un 75% tras la aprobación en el Comité de Banca a un incierto 50-50. Por su parte, los mercados de predicción reflejan apenas un 37% de probabilidad de que se apruebe antes de agosto, cifra que evidencia tanto el limitado calendario como el impase sustancial.
Exigencias demócratas y la firme postura de la Casa Blanca
La cláusula ética en disputa, el lenguaje sobre conflictos de interés de la Sección 604, prohibiría que altos funcionarios gubernamentales, cargos electos y sus familiares directos posean intereses financieros o se beneficien de activos cripto mientras estén en funciones.
La senadora Kirsten Gillibrand (D-NY) ha sido tajante: sin lenguaje ético, no habrá votos demócratas. Previamente, la enmienda de ética de Van Hollen fue rechazada en comité con una votación de 13 a 11 siguiendo líneas partidistas. Además, la Casa Blanca ha señalado que no aceptará términos que apunten específicamente al Presidente, en clara alusión a las tenencias cripto y negocios de la familia Trump.
Este marco complica cualquier compromiso. Cualquier disposición ética lo suficientemente estricta para satisfacer a Gillibrand y sus colegas es, por definición de la propia Casa Blanca, el tipo de lenguaje que ya han prometido rechazar. El borrador fusionado omite la provisión por completo, una maniobra que no resuelve el conteo de votos. La postura demócrata sobre la legislación cripto se ha endurecido en torno a este punto, convirtiendo cualquier votación en el pleno en un movimiento de alto riesgo procesal.
La ventana de julio y el impacto de un posible fracaso
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, expresó el mes pasado su intención de llevar el proyecto al pleno en julio. Las semanas del 20 y 27 de julio son las fechas que se barajan para la votación, justo antes del receso de agosto, lo que representa la última ventana legislativa viable antes de que el ciclo electoral de mitad de periodo absorba la atención del Senado.
La Ley CLARITY fue aprobada en la Cámara de Representantes con 294 votos a favor y 134 en contra en julio de 2025, superó el Comité de Banca del Senado el 14 de mayo de 2026 (15–9) y ahora aguarda en el calendario legislativo.
Si el proyecto no aprovecha este verano, los analistas prevén que sus posibilidades para 2026 se deterioren drásticamente. Los mercados e inversores institucionales ya están descontando el riesgo de que no se apruebe, ya que el progreso (o estancamiento) del proyecto influye directamente en el sentimiento sobre los activos de gran capitalización.
Aún existe una vía optimista: que el conflicto ético se resuelva en las próximas tres o cuatro semanas, se vote a finales de julio y llegue al escritorio del Presidente a principios de agosto. El camino pesimista —donde el impase persiste y los demócratas bloquean el avance— prolongaría el actual sistema de regulaciones estatales fragmentadas y la «ejecución mediante litigios», que los actores institucionales señalan como la mayor barrera para una participación más profunda en el mercado estadounidense.
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