Senado de EE. UU. retrasa la Ley CLARITY: impacto en Bitcoin y cripto
La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY Act) no llegará a someterse a votación en el pleno del Senado antes del receso del 7 de agosto. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, reconoció que la cámara carece de tiempo suficiente para completar el debate, procesar las enmiendas y realizar la votación de clausura antes de que los legisladores abandonen Washington.
Esta admisión no es un simple inconveniente de agenda; comprime un calendario legislativo ya saturado y empuja el proyecto de ley sobre estructura de mercado hacia una sesión en septiembre que goza de mucho menos impulso político. Mientras tanto, los mercados de predicción están descontando una probabilidad drásticamente menor de que la ley se promulgue este año.
Las probabilidades en Polymarket de que la Ley CLARITY se convierta en ley en 2026 han caído a aproximadamente el 28%, un descenso significativo desde el máximo del 82% registrado en febrero.
Cada plazo incumplido —desde la ceremonia de firma el 4 de julio sugerida por la Casa Blanca, pasando por la ventana práctica de finales de julio, hasta el actual receso de agosto— ha erosionado la confianza en que el Congreso pueda entregar un marco regulatorio integral para las criptomonedas antes de que el estancamiento propio del ciclo electoral tome el control.
Prioridades competitivas saturan el tiempo del pleno
La agenda del Senado previa al receso ha sido consumida por un paquete de sanciones a Rusia y una acumulación de nominaciones ejecutivas, de inteligencia y judiciales, sin dejar una ventana viable para los requisitos procedimentales de múltiples pasos que exige la Ley CLARITY.
El proyecto de ley requiere un debate en el pleno, un posible proceso de enmiendas y un umbral de 60 votos para la clausura antes de cualquier votación final de aprobación; una secuencia que, de manera realista, no puede comprimirse en los pocos días que restan antes del 7 de agosto.
Aunque los republicanos cuentan actualmente con suficientes escaños para presentar el proyecto, necesitan aproximadamente 10 senadores demócratas para superar el umbral del filibusterismo.
Esa aritmética por sí sola complicaba un impulso a finales de julio; el calendario desplazado del pleno lo hace imposible. Thune indicó anteriormente que esperaba al menos iniciar la consideración de la legislación antes del receso, una formulación que en sí misma señala cuánto han retrocedido las expectativas respecto a una aprobación definitiva.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes el 17 de julio de 2025, con una votación de 294 a 134, y ahora figura en el Calendario Legislativo del Senado como el Calendario No. 423, sin ninguna moción de clausura presentada ni tiempo en el pleno asignado formalmente. Esto significa que todo el riesgo de ejecución restante recae enteramente en el Senado, y es sustancial.
Cláusulas de ética y autoridad de aplicación sin resolver
La senadora Cynthia Lummis presentó una legislación enmendada diseñada para fusionar las versiones aprobadas por los comités de Banca y Agricultura del Senado. El texto actualizado incluye cláusulas de ética dirigidas a las transacciones de activos digitales por parte de funcionarios públicos.
Bajo esta enmienda, los funcionarios públicos y el presidente tendrían prohibido emitir o patrocinar activos digitales, y sus tenencias actuales estarían sujetas a fideicomisos ciegos, desinversión o procedimientos equivalentes. Estas restricciones expirarían el 20 de enero de 2029.
El lenguaje sobre ética fue una respuesta directa a las preocupaciones sobre los negocios de criptomonedas vinculados al presidente Trump y su familia, pero siete senadores demócratas —Catherine Cortez Masto, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner y Raphael Warnock— afirmaron que las disposiciones revisadas no son suficientes.
Sus demandas abarcan una mayor protección al consumidor, salvaguardas contra el financiamiento ilícito y medidas de integridad del mercado, y ninguna de estas objeciones ha sido resuelta antes del receso.
La autoridad de aplicación representa otro conflicto igualmente difícil de resolver. El proyecto de ley actualizado centraliza la responsabilidad de ejecución en las agencias federales —principalmente la SEC y la CFTC— en lugar de preservar la autoridad paralela a nivel estatal.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, advirtió que este marco podría restringir a los estados la aplicación de sus propias leyes de protección al inversor en casos de fraude con activos digitales, una preocupación que resuena especialmente en estados con tradiciones agresivas de ejecución de valores. El desacuerdo central radica en si la jurisdicción federal anularía o simplemente complementaría los esquemas de ejecución estatales, y ninguna de las partes ha cedido terreno significativamente.
Las disposiciones sobre el rendimiento de las stablecoins y el tratamiento de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) también permanecen abiertas. Estas secciones técnicas tienen implicaciones comerciales directas para los exchanges, emisores de stablecoins y protocolos DeFi, lo que hace improbable un compromiso rápido. La escala del cabildeo de la industria detrás de la Ley CLARITY, que incluye un gasto político significativo de PACs alineados con el sector cripto, refleja cuánto está en juego comercialmente, pero la intensidad del lobby no se ha traducido en el recuento de votos bipartidistas que los defensores necesitan.
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